Otro fruto de la “mano dura”

22 de julio 2012 Hemos conocido entre jueves y viernes pasados el video de policías salteños que torturan detenidos. El hecho es cualquier cosa menos una casualidad. “No son policías, son delincuentes” sostuvo el ministro de Seguridad salteño. Una frase que busca tranquilizar pero que no es cierta. La preocupante verdad es que son policías y actúan según un patrón, una cultura y un conjunto de intereses políticos, empresariales y mafiosos que no puede producir resultados muy distintos a estos. ¿Por qué alguien haría algo tan atroz? ¿Cómo puede construirse semejante nivel de complicidad que supone que todo un grupo actuaba de este modo? ¿Piensa alguien que era la primera vez que lo hacían? ¿No sabían otros compañeros lo que pasaba? ¿No parece en las imágenes y testimonios algo “naturalizado”? ¿No hay acaso una infinidad de antecedentes de tortura recientes, hechos públicos, entre ellos, lamentablemente, en las cárceles de Mendoza? Estas son sólo un puñado de las cientos de preguntas posibles que muestran un sistema pútrido que encuentra en la demagogia punitiva su principal aliado. El sistemático ataque a las garantías individuales que supone cada una de las andanadas “tipo Blumberg” a la que políticos cobardes responden con sumisión, refuerza la concepción de la policía como un sistema cerrado exento de controles, cada vez con mayor poder sobre los ciudadanos; y lo que es peor, la prepara como un grupo de choque contra pobres, jóvenes y otros grupos objeto de miedo de lo que Jauretche llamaba el “medio pelo” argentino. Deben hacerse cargo los legisladores que firman proyectos de “mano dura” que cuando dan sus mensajes de “dureza” la consecuencia inevitable es ésta. No es creíble que no lo sepan. Cualquier pibe de una villa sabe que el dedo le apunta a él. Los tienen abonados. En Salta como aquí. Son los que sufren los peores abusos. ¿Quién le enseñó esto a los policías? Control político de la policía, fuerte control porque no se puede dar un arma en nombre del Estado a alguien que no esté sometido a un fortísimo control, protocolos estrictos de actuación, respeto de los derechos de cada habitante, desarme de la población civil, recuperación de los espacios públicos, inserción social y productiva, en un contexto como el propuesto en el “Acuerdo para la seguridad democrática” constituirían, de aplicarse, políticas inequívocas en el sentido opuesto a las que llevan a tener policías torturadores, y, muy probablemente, con resultados muy superiores en cuanto a reducción de indicadores de delito. Sin embargo hay que destacar dos aspectos centrales. 1. Después de casi treinta años de gobiernos electivos y vigencia del estado de derecho es inadmisible continuar con policías que actúan como guardianes de los ricos y poderosos de nuestra sociedad. Con toda la carga de prejuicios, discriminación y abusos que policías con esta impronta cometen en contra de la población. No son los policías los únicos responsables, la autoridad política que fija líneas, prioridades, pautas de acción, tiene la primera responsabilidad en cuanto al marco de valores que se difunde. 2. Derechos humanos como una premisa fundante del accionar de las fuerzas de seguridad. El modo en que suelen presentarse los derechos humanos, como opuestos a la seguridad individual, es una falacia lamentable. Es precisamente lo contrario. El respeto a los derechos humanos es nuestro pacto de convivencia y debe ser garantizados a todos los habitantes. El policía es un actor fundamental para efectivizar este pacto de convivencia. Tenemos que revisar toda la carga de prejuicios de los policías con respecto a distintos grupos de personas que luego son víctimas de abuso. Pobres, jóvenes, prostitutas, travestis, homosexuales, adictos y muchos otros colectivos o identidades conocen bien la saña y el desprecio con que un oficial puede tratar a un ciudadano. Un Estado que se asume popular, que decide construirse como casa de todos, no puede aceptar que los agentes que operan en su nombre descuiden, maltraten o vulneren derechos de ninguno de sus miembros. La dirigencia política no puede seguir mirando a otro lado o recurriendo a mentiras y engaños flagrantes de tipo “mano dura”. Pero los policías, los agentes, los de la esquina o el patrullero, harían bien en pensarse como actores activos de esta transformación, que supone antes que nada, saberse parte de pueblo, actuando para todos y cada uno, más allá de qué tanto les guste a ellos ese cada uno, y mirarse a sí mismos como servidores públicos. No de los ricos, no de los poderosos, sino de todos y por qué no, más de los más desamparados. Por qué no, un promotor, constructor, efectivizador de los derechos.

Reivindicación de la seguridad democrática

por: Carlos Almenara c.almenara@hotmail.com Presidente Partido Encuentro Mendoza en Nuevo Encuentro julio 2012 Asistimos estos días a una ofensiva, como ocurre cada breve lapso, de la “demagogia punitiva”. Consiste en una práctica de ciertos legisladores de aparecer generosamente por pantallas diciendo qué tan terribles son los delincuentes, qué tan débiles son los jueces, qué tan “atados” están los policías y qué maravilloso es su nuevo proyecto destinado a “castigar como corresponde” a esos delincuentes. Esas pantallas crearon antes un contexto y un clima. He llegado a contar 45 minutos en un noticiero de una hora dedicados a un crimen resonante. Una población en que ese noticiero tiene alto rating, ¿qué opinará luego de la emisión? No escribo estas líneas desde ningún afán festivo ni despreocupado por el delito ni por problemas que son reales, dolorosos y urgentes. Menos aún del desconocimiento del dolor de las víctimas. Las víctimas siempre tienen un lugar especial, lo que no quiere decir que en todos los casos tengan razón. Digo, no obstante, que la discusión sobre seguridad está planteada de un modo errado si no es que mediante estafa. Hay legisladores que quieren congraciarse con difusión fácil a costas del estado de derecho. Precisamente eso se ataca con la “mano dura”, el estado de derecho, las garantías que cobijan a todos. Nada de esto es nuevo. No ha tenido resultado para disminuir el delito pero sí ha conseguido tener una sociedad más miedosa y con menos libertad. “Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia, exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad” comienza diciendo el Acuerdo para la seguridad democrática firmado por organizaciones sociales, de derechos humanos y políticos de todos los principales partidos. Al referirse al “engaño de la mano dura” el documento sostiene que “las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática”. El documento, disponible en internet, es una lectura recomendable ante tanta verba calenturienta: http://www.cels.org.ar/common/documentos/acuerdo_para_la_seguridad_democratica.pdf Sin embargo, ante la necesidad de volver a discutir estas problemáticas tres cosas quiero plantear: 1. No existe una caracterización lombrosiana de “los delincuentes”. No hay delincuentes por un lado y gente “decente” por otro. Esta idea a pesar de ser contundentemente refutada desde hace un siglo, resiste y vuelve. Los delitos constituyen conductas que a priori cualquiera podría cometer, no hay una fisonomía, clase, caracteres físicos o conductuales que prefiguren quién cometerá conducta delictiva. Si me preguntan a mí, diré que los peores criminales no son precisamente del aspecto físico o la clase social que frecuentemente se asocian al delito. 2. La definición de un procedimiento penal por parte del Estado no tiene nada que ver con el devenir ni con las reacciones de los sujetos. El procedimiento penal no es algo aplicable a otro, es aplicable a mí mismo (para cada uno de nosotros). Cuando vemos gente que sostiene: penas más duras, más largas, menos discusión y a otra cosa, debemos decirle que el derecho no es para otros, es para ella misma; no hay nada a priori que indique que no será ella misma acusada de un delito y las garantías están para preservar la posibilidad de nuestra defensa. Imagínese Ud. que bastara con que un policía diga quién comete delito y quién no, ¿no hay acaso sobradas muestras de casos en que los mismos policías cometían el delito? Más poder a la policía sin control no parece un buen camino. Vale lo mismo para cualquier instancia. 3. Los procedimientos y penas que definimos como sociedad nos describen como civilización. A lo largo de toda la historia tenemos muestras terribles de cómo reyes, príncipes, virreyes y, en general, autoridades de toda laya, aplicaron penas horrorosas. Hoy mismo la aplicación de penas más crueles, o la misma pena de muerte, es un indicador bastante fiable de sociedades más violentas. La apuesta a la resocialización, a la reeducación como meta de los sistemas punitivos es un triunfo humanista que merece ser defendido, no desde un ingenuo idealismo sino desde un compromiso en cada instancia para crear condiciones estructurales de mayor igualdad social y construcción de una sociedad pacífica. Aumentar el miedo no ayuda. Una sociedad encapsulada, el espacio público privatizado, un concierto de countrys con seguridad privada (o con policía estatal a su servicio), lleva a todo lo contrario de una sociedad pacífica. Nada aporta el deseo de vengarse de alguien que cometió un delito por salvaje que sea. Los organismos de derechos humanos, una reserva ética señera en nuestra Argentina, dan ejemplo vivo de cómo la búsqueda de justicia, aún para crímenes horrorosos puede separar la justicia de la venganza, puede procurar juicio y garantías para los peores criminales. Mucho puede y debe hacerse pero no en clave autoritaria que nada soluciona y mucho agrava los problemas.

Bartolo, de golpe

por: Carlos Almenara Presidente Partido Encuentro Mendoza en Nuevo Encuentro c.almenara@hotmail.com junio 2012 Una bellísima novela de Mempo Giardinelli, “La revolución en bicicleta”, cuenta la historia de Juan Bartolomé Araujo, militar y revolucionario paraguayo, reiteradamente perseguido, finalmente exiliado en nuestra provincia de Chaco. Es interesante releerla o leerla por estos días aciagos para el pueblo paraguayo. El golpe institucional a Fernando Lugo muestra los nuevos modos de los viejos golpes. Los objetivos de aquellos son los mismos que los de éstos. Puede ser que algún sádico añore más cantidad de asesinatos pero aquellos golpes no se hacían, en general, para asesinar. Se hacían para implantar un proyecto político. Igualito que ahora. Una conjura de las derechas políticas, los medios concentrados y el poder económico para no permitir proyectos que cuestionen así sea mínimamente sus privilegios. Violan el veredicto de las urnas usando idiotas útiles (en Ecuador fue la policía, en Bolivia recientemente también, en Honduras sectores del ejército, lo mismo que en Venezuela), generando un boicot con desabastecimiento, cortes de ruta y otros (Bolivia 2008, Argentina y Venezuela), siempre con los medios concentrados como ariete; en todos los casos utilizando sectores de la política y las instituciones que asumen su representación y les permiten una pátina de legitimidad falsa. La respuesta de un continente que quiere juntarse y no vacila en el respeto a la voluntad popular, aisla a estos dinosaurios aún cuando aspiren y aún obtengan el apoyo de “La Embajada”. La potencia imperial tiene problemas propios y el continente ya no admite su intromisión en silencio. El llamado es a defender la democracia y lo que votó el pueblo. Las derechas han demostrado que pueden ser una opción electoral competitiva. Han ganado varias elecciones. Falta la otra mitad de la cuestión, que se banquen no ganarlas sin destituir el gobierno resultante. En Paraguay un vicepresidente, los medios concentrados y el Congreso opositor, representantes del poder real, destituyeron un presidente. En Argentina lo intentaron hace unos años. En cómo recomponer reglas de juego y sancionar a quienes las violaron (o intentaron hacerlo) radica un requisito estructurante de nuestra democracia. Que cada quien se calce el sayo. La política cuando se centra en el devenir narcisista de un personaje pero se escinde de la suerte de los pueblos y las causas, se encapsula en un anecdotario que la enajena de los ciudadanos y la transfiere a manos del poder real. La historia de Bartolo muestra un acervo de lucha y resistencia popular del pueblo paraguayo. Una historia de tantas. De paraguayos como las hay de cada uno de nuestros pueblos. La reunión de Mercosur y UNASUR de Mendoza en estos días pone en valor y rescata como nunca había ocurrido esas herencias. Es un buen motivo de festejo y optimismo.

Blanck por la renta minera

Blanck por la renta minera Por: Carlos Almenara Presidente Part. Encuentro por la Democracia y la Equidad en Nuevo Encuentro junio de 2012 Hace unos días me tocó presenciar frente al televisor cómo el periodista de Clarín, Julio Blanck, recomendaba a Axel Kicillof que “en lugar de usar la plata de los jubilados vaya por la renta minera como correspondería a un verdadero progresista”. Está visto que hasta que Clarín no se amolde a la Ley de Medios estamos dedicados a tratar que no se manipule la población con ese martillo persistente en la cabeza de todos nosotros. No alarmarse, Clarín hizo cosas peores, por ejemplo, se quedó con Papel Prensa en una mesa de torturas. Demuestra habitualmente que sigue con disposición a los mismos métodos. Hasta ahora, en esta etapa, hemos podido evitar las peores exteriorizaciones. Pero desenredemos esta bravuconada de Blanck. La frase se las trae. Primero, el destinatario. No le habla a la audiencia, no le habla al gobierno, le habla a Kicillof. El socio de Clarín en el negocio del papel y los agroeventos, el diario La Nación, ya dedicó tapas al viceministro con titulares que merecen formar parte del acervo más típico del macartismo. La Nación ya catalogó al funcionario como marxista, judío, nieto del rabino de Odessa. La falsedad del dato histórico no oculta el afán persecutorio y discriminatorio con el que sus cómplices operativos para los negocios, la dictadura, cometió las mayores atrocidades. No se puede interpretar que el mensaje esté dirigido a Kicillof sin este contexto, entonces, primero, Blanck macartea. Lo de “la plata de los jubilados” es una falsedad. Construyen el mito, quieren dar la imagen de que hay plata que es de un grupo de la población a la que viene el gobierno y roba. Hacen eso mismo sistemáticamente desde 2008. Muestra de cinismo importante, toda vez que si hay pruebas de algún robo a lo que era un fondo para los jubilados fue por parte de Clarín que extorsionó al conjunto de las AFJP para que compren acciones de su grupo empresario a $30 y que vendieran a $ 6 ocasionando un quebranto de varios cientos de millones al sistema. Más importante es insistir en que la nacionalización de las jubilaciones implicó un cambio de paradigma. Que el fondo de sustentabilidad no es de los jubilados, es de todos los argentinos y está destinado sí a pagar jubilaciones. Pero esos fondos no pueden quedar inmóviles, hay que usarlos para que produzcan y qué mejor que usarlos en vivienda. Antes, con las AFJP, las jubilaciones “no existían”, había un sistema de ahorro, en que cada uno de los trabajadores en blanco era obligado a poner un porcentaje de su sueldo en, digamos una “caja de ahorro individual”. Esa caja de ahorro no podía ser tocada por su supuesto dueño hasta que se jubilara. Cuando se jubilara (básicamente) se le devolvía lo que había juntado más la renta que hubiera conseguido su AFJP con sus inversiones, que si todas fueron como las que hizo con Clarín, el final estaba cantado. El importe que tenía que ingresar a las cuentas de capitalización era disminuido por comisiones “de administración” que llegaban a superar el 30%. Ese sistema jubilatorio había dejado más de 2 cada 5 mayores sin jubilación. Y los que la tenían cobraban mayoritariamente montos bajísimos. Vale decir que las jubilaciones aparecen para dar respuesta al problema de los ancianos sin cobertura. Si Ud. quiere durante su vida activa ir haciendo un fondito para usar al momento que se retire, puede ser una buena idea pero no es una jubilación. Un sistema jubilatorio debe garantizar cobertura amplia y un mínimo de ingreso digno para todos. Quienes insisten en plantear la prioridad del 82% por sobre el aumento de las jubilaciones mínimas están priorizando un Estado que potencia la desigualdad social. Para sociedad desigual ya tenemos toda la vida activa. Seguramente los más favorecidos llegarán a su edad avanzada con propiedades y bienes que harán más apacible su vida, si quieren pueden, privadamente, hacer una inversión que devengue una renta mensual. Cuando interviene el Estado estamos autorizados a pedirle que, por lo menos, no aumente la brecha. Aún así, la nacionalización del sistema se produjo por el desbarranque de las inversiones que hacían las AFJP. Dilapidaron buena parte de los aportes, lo que hacía insostenible aún en sus términos el régimen. Blanck propone gravar adicionalmente la renta minera. ¿Propone esto? Si se hiciera algo así no es arriesgado sostener como seguro que aparecería cuestionando la inseguridad jurídica de nuestro país. Para enfrentar corporaciones hace falta poder y voluntad política como ha manifestado este gobierno para enfrentar la concentración de la comunicación. Si hay chances de hacerlo en otras áreas seguramente es en la senda recorrida desde 2003 y no en otra como han dejado recurrentemente de manifiesto los opositores políticos. Ahora, ¿por qué Blanck pide gravar la renta minera si no quiere gravar la renta minera? En esta pregunta subyace una clave de estos tiempos cual es la imposibilidad de un debate político. No es posible confrontar proyectos, discutir ante argumentos que no son argumentos, argumentos que son excusas y que van hoy en un sentido mañana en el contrario como si nada, que no tienen un “lugar de enunciación”. Ubicuos los he llamado en alguna ocasión. Ubicuidad que se refleja también en que Blanck diga ¡lo que haría un auténtico progresista! Blanck puede decir lo que haría él, lo que haría Clarín, pero si Blanck es quien va a decir lo que haría un auténtico progresista estamos en problemas. Y estamos en problemas porque la concentración mediática hizo que Blanck dijera hasta no hace mucho qué haría un auténtico progresista. Afortunadamente, a pesar de Blanck y sus patrones, Argentina tiene hoy una pluralidad, un vigor en las voces que se expresan, que no podrán callar por más que lo intenten.

YPF y los nuevos viejos desafíos

YPF y los nuevos viejos desafíos Mayo de 2012 Por: Carlos Almenara Presidente EDE Mendoza en Nuevo Encuentro Miembro de Carta Abierta Mendoza O inventamos o erramos Simón Rodriguez La expropiación de YPF, avalada por Ley del Congreso de la Nación, constituye un hito que reivindica la sensibilidad del pueblo argentino para reconocerse a sí mismo hermanado en la defensa de un patrimonio que consideramos y sentimos propio. Hay allí una defensa de la soberanía que nos encuentra unidos en nuestro vivir juntos, una reconstrucción del lazo social. También hay una sólida fundamentación económica de la medida. El declive de la exploración, las mermas de la destilación y el desabastecimiento para presionar por mayores precios por parte de la operación de Repsol constituyeron una combinación perniciosa para el balance macroeconómico y para las posibilidades de continuar con el desarrollo industrial a las que el gobierno puso fin. Se abren, a partir de ahora, un conjunto de desafíos que no son nuevos pero que adoptan un nuevo cariz. Hablamos de lo que la presidenta ha anunciado como “una YPF con un perfil absolutamente profesionalizado, lo cual no quiere decir que no tenga dirección política”. Esta definición remite directa, decisivamente, a una cuestión añeja: la de la relación entre técnica y política. En un sentido semejante, el gobernador al inaugurar las sesiones ordinarias de la Legislatura de Mendoza el 1° de mayo anunciaba como primer principio rector de su mandato que “la política es más que la administración”. Esta relación problemática, esta tensión no resoluble, ha sido abordada por Cristina Fernández con inusual dedicación y detalle en esta oportunidad. Una historia de fracasos La presidenta interpeló acerca de algo determinante: YPF era una petrolera estatal que daba pérdidas. Y agregó “YPF se fundía pero las contratistas de YPF se convertían en prósperas empresas. Esto no puede volver a suceder”. Un punto nodal que refleja una discusión que quienes defendemos el Estado, quienes queremos que equilibre las cargas en nuestra sociedad, que intervenga en la economía, no podemos obviar. Fue ese desquicio en la gestión del Estado el que dio pábulo al posterior desguace. Es cierto que no siempre fueron procesos independientes. Es bien recordado el “método María Julia” consistente en asumir como gerente estatal de una SOMISA o una telefónica, hacerla pomada, decir ¿vieron que la gestión estatal no sirve? y luego venderla. Por malo que fuera el privado tenía resultados muy superiores. Es decir la destrucción intencional desde el Estado del patrimonio público. No en todos los casos ocurrió esto. Igualmente no sobran las palabras de la presidenta cuando afirma que “no vamos a hacer una empresa para becas políticas donde ponemos al político de turno” cuando se plantean, como es el caso, desde la reivindicación de la política. Aparece aquí la necesidad de referir a una cuestión que también ha estado presente en las alocuciones de Cristina, tanto en discursos referidos a YPF como a Aerolíneas, el problema de dónde radica la legitimidad. Si hemos de defender la participación del Estado en la actividad económica sólo podremos hacerlo radicando la legitimidad de su accionar en el afuera de su aparato burocrático. A pesar de nuestra firme defensa del trabajo, una empresa no se “justifica” por dar trabajo a sus trabajadores, se justifica porque presta un servicio útil a su ambiente y es este ambiente el que le da sentido. Una empresa tiene razón de ser por algún colectivo externo a sí misma que la legitima: sus clientes, la comunidad, el aporte a un conjunto de procesos sociales y económicos (por ejemplo impulsar la industrialización). Este imperativo resulta central para no repetir los fracasos. No puede haber opacidad posible que oculte una gestión que no cumple los objetivos. El retorno de lo político Tanto como lo anterior es necesario destacar la naturaleza política de la definición de la misión, los objetivos y cómo implementarlos. El Frente Nacional por la Soberanía Energética (FRENASE) de Mendoza decía en su declaración constitutiva “la consideración de los recursos energéticos como un bien estratégico para el desarrollo de un país productivo, inclusivo y sustentable, es una batalla cultural y material que hay que ganarle a la lógica neoliberal, tan fuertemente instalada que ha conducido a considerar a la energía como un bien transable en el mercado internacional igual que cualquier otro, como un commodity más”. Evidentemente hay una ruptura paradigmática con décadas de aplicar teoría neoliberal en la gestión del Estado. ¿De dónde saldrán los cuadros de conducción de YPF? ¿De las universidades? ¿Cómo sería un buen currículum para YPF? Hace unos días, en una entrevista televisiva, el economista Miguel Angel Broda, que sigue siendo entrevistado como experto en economía a pesar de sus recurrentes papelones, decía que el discurso económico de Axel Kicillof representa el 1 por 5.000 de la academia. Y la verdad es que en esto Broda tiene razón. Pero al contrario de lo que él pretende argumentar, lo que eso muestra es el escándalo de que en la academia se siga enseñando el dogma neoliberal, el mismo que hundió al país y humilló a buena parte de su población. El neoliberalismo no sólo tiene pobres resultados para exhibir sino que es anticientífico, por eso es un dogma a pesar de constituir la “corriente principal de la economía”. Un modelo cerrado sobre sí mismo que convierte a la economía, que debiera explicar los procesos de creación y distribución de bienes y riqueza, tan diversos como la convención entre hombres (y mujeres) lo permite, en una “ciencia” formal no sujeta a falsación por los hechos. Por eso, si hemos de concebir que buenos técnicos son los que más cursos neoliberales hicieron no estaremos cambiando lo que sostenemos que hay que cambiar. Por supuesto que no es fácil una reformulación integral del paradigma. Pero es imprescindible. En el caso de YPF el objetivo de la industrialización es insoslayable. El combustible no es un commodity para quienes apuestan al desarrollo industrial. Por eso sí era un genérico que podía transarse libremente para quienes creen que Argentina sólo debe producir granos, carnes y eliminar obstáculos al libre comercio. Esa lógica estuvo presente en los discursos que criticaban una supuesta “falta de política energética” cuando en realidad decían “debieron darle precio internacional y libre comercio exterior”. Lo cierto es que no abundan dentro ni fuera del Estado profesionales con concepciones analogables a las presentadas. Kicillof, Marcó del Pont, Moreno y pocos más representan una heterodoxia todavía ajena a la generalidad de los funcionarios públicos. Profundizar el cambio de paradigma devino con esta nueva responsabilidad estatal urgente para no desaprovechar la enorme movilización de razones, emociones y voluntades que convocó la reestatización de YPF.

Enfrentar la extorsión

Respuesta a Vilma Ibarra

Enfrentar la extorsión

Por: Carlos Almenara
Presidente EDE Mendoza en Nuevo Encuentro
Miembro de Carta Abierta Mendoza

El viernes 13 de abril la Dip Nac (MC) Vilma Ibarra publicó en La Nación una nota titulada “Un pliego que debe ser rechazado”. Refiere, por supuesto, al pliego enviado por el Poder Ejecutivo para nominar como Procurador General a Daniel Reposo.

El mismo día que Vilma publicaba su nota, en Venezuela festejaban el décimo aniversario de la derrota del intento de golpe de Estado a su presidente Hugo Chávez y al proceso de la revolución bolivariana. Ese intento mostró una coalición sociológicamente novedosa, que tenía en los medios de comunicación el ariete principal. Hemos visto otras situaciones análogas en el continente.

En Argentina lo sufrimos con el putsch de 2008, cuando el grupo Clarín líderó el intento de destituir el gobierno nacional. Contó con la complicidad del vicepresidente de entonces. Porque esta es una característica de los golpes de nuevo cuño, una parte de los representantes se pliega al complot.

En nuestro país acontece una situación específica, cerca del 60% de los medios en función de las audiencias está concentrado en un solo grupo. Por supuesto que esto no tiene nada que ver con las bondades creativas, artísticas, recreativas, de los productores mediáticos en un sistema de libre mercado sino con prebendas que en función de la presión sobre los gobiernos fueron consiguiendo. Una, decisiva, sujeta a investigación actual, es la apropiación de Papel Prensa mediante la tortura a sus propietarios por parte de personal de la dictadura que se reunía dos días antes de cada “interrogatorio” con el Sr. Magnetto.

Tener el control del papel para diarios le ha permitido apropiarse, no precisamente por mecanismos de libre competencia, de enorme cantidad de diarios de todo el país, además de fortalecer (con más páginas por ejemplo) el suyo propio. Pero aún los diarios que no controlan están seriamente coaccionados a efectos de inhibir cualquier línea editorial que critique al grupo.

Vilma Ibarra sostiene que “esa postulación no está destinada a designar a un hombre prestigioso y de trayectoria relevante para tan importante responsabilidad. Reposo carece de ambas cualidades”. Desconozco cuáles son los atributos, competencias o antecedentes que le gustaría encontrar a la ex diputada, pero Reposo sí tiene uno que a mí me parece central en esta etapa: se animó a enfrentar los aprietes de Clarín. No cualquier candidato podría dar cuenta de ello. No es algo que suela figurar en los currículums que se destacan en los medios. Hace falta coraje para enfrentar a Clarín. Bien sabe Vilma Ibarra que dirigentes de enorme relevancia en el proyecto gobernante desde 2003, a la hora de enfrentar a Clarín, defeccionaron.
Si algo debe valorarse en esta etapa es la valentía para enfrentar las corporaciones, primero la más nociva, la que lidera la extorsión a la democracia.
Vale la pena recordar que el ataque que recibió Reposo como síndico en Papel Prensa tuvo, entre otros motivos, la premura por ocultar una oficina que funcionaba en dicha empresa y que tenía por objeto investigar, hacer inteligencia sobre jueces y funcionarios y cuando se detectaba una anomalía, por ejemplo un incremento patrimonial injustificado, hacerle saber que tenían la información y que si no se “portaba bien” la publicarían (y en su sistema de medios, que no es un periódico barrial).
Es muy importante que los funcionarios sean honestos, es deseable que la justicia determine cuándo no es así y el culpable cumpla la pena que corresponda, pero no esto lo que está en cuestión aquí, sino la posibilidad de que la soberanía popular sea la que prime en desmedro de la sujeción corporativa de los funcionarios. Porque, le invito a preguntarse a Vilma Ibarra, ¿si hubiera un funcionario proclive a corromperse, no sería ante Clarín, primer poder corruptor nacional, ante quien se inclinaría?
Se pregunta Ibarra ¿cómo puede justificarse y defenderse desde la centroizquierda esta propuesta?
En cada intervención es necesario precisar qué decimos con estas categorías. No es seguro que coincidamos en la idea de centroizquierda, lo que sí es seguro es que si ese concepto encierra alguna aspiración a cambiar estructuras, aunque sea mínimamente, debe darse prioridad a la confrontación con las corporaciones y la elección de Reposo es una categórica definición en ese sentido.
Hay un discurso vacío, de un supuesto institucionalismo, una idea de que estamos en una república en que no se puede considerar otra cosa que individuos aislados e iguales. Pues no, no es lo mismo lo que incide en tribunales Magnetto que un ciudadano de a pie y si los funcionarios no dan cuenta de esa asimetría cometen, si no más, una injusticia.
Cabe también recordar que supuestas corrupciones siempre fueron utilizadas para horadar a gobiernos populares. Las derechas suelen ocultar sus proyectos políticos, que no quieren discutir, detrás de supuestas corrupciones o detrás del mal carácter de un funcionario.
Dice la ex legisladora “me dirán que votar contra el pliego del señor Reposo es funcional a la derecha, a las corporaciones mediáticas, a Macri o a Clarín. Lo ha dicho Vilma Ibarra, además en un lugar adecuado, el diario La Nación.

Una conmemoración muy actual

Por: Carlos Almenara
Pdte. EDE Mendoza en Nuevo Encuentro
Miembro de Carta Abierta Mendoza

Mendoza, marzo de 2012

Llegar al 76
El 24 de marzo se cumplen 36 años de la toma del gobierno por parte dictadura más sangrienta que haya vivido la Argentina.
Los acontecimientos políticos y sociales que marcan la vida de los pueblos no surgen de la nada ni se dan en cualquier contexto.
La toma del gobierno por parte de la dictadura fue fruto de un poder político en descomposición pero aún más de un poder corporativo excitado con la “solución final”. La solución final al conflicto social fue, claro, poner el país en manos de “sus propios dueños” y garantizar la obediencia de la población a fuerza de un ejército de ocupación interna a su servicio.
La solución final incluyó el exterminio de quienes ellos consideraron amenazaban a ese país.
Esa idea no es nueva. Ideas parecidas estuvieron detrás de todos los genocidios.
Como ha sido claramente establecido política e históricamente, fue el proyecto político a implementar el que “justificó” el genocidio y no el devenir de fuerzas en disputa que derivó azarosamente en el gobierno de la sangre.
Esa “justificación” tampoco “ocurrió” casualmente en un momento determinado. Pueden rastrearse antecedentes de ella a lo largo de toda la historia argentina. Pero si bien hay antecedentes históricos, es la construcción del relato inmediatamente previo y particularmente la legitimación mediática a la dictadura la que les dio cobertura.

Justicia y defensa
Desde 2003 vivimos una época que muchos ya no creíamos posible, una época de memoria verdad y, paulatinamente, justicia. Una época que pone a nuestro pueblo en la vanguardia del resguardo de los derechos y la dignidad.
Hay miopes políticos, egoístas o sinvergüenzas que bajo el pretexto de que el gobierno “usa políticamente los derechos humanos” o de absurdos tales como caracterizar al gobierno nacional como represor, cuando no es posible encontrar en nuestra historia un gobierno nacional que haya sido más tolerante con la protesta social (repito: no hay en la historia un gobierno más tolerante con la protesta), bastardean la política de memoria, verdad y justicia. Lo hacen diciendo que defienden los derechos humanos.
Dicen que defienden los derechos humanos y por ello acumulan y acumulan demandas y demandas. Que la minería, que mejoren los sueldos, que no a la represión de la protesta social, que libertad sindical, que esto, que lo otro.
Cada uno de estos puntos requiere un debate político específico pero confundirlos con los reclamos de memoria, verdad y justicia constituye una banalización inaceptable de la lucha de más de 36 años.
Como son tan irresponsables y esquivan la realidad, no dan cuenta del verdadero dilema del momento que es que los medios que tanto espacio les dan estos días tienen otro programa en mente.

Mantener la llama encendida
Así como 1976 no salió de la nada, la recuperación democrática no eliminó los vestigios culturales, políticos y sociales que posibilitaron la dictadura.
La democracia post 83 estuvo fuertemente condicionada por las derechas. Mientras se hiciera lo que ellos mandaban, no había problema, podíamos tener elecciones libres y poco más.
Las veces que Alfonsín intentó enfrentarlos, que no fueron pocas y merecen ser valoradas, fue rápidamente puesto en caja. Los mercados, los medios, las corporaciones, los capitanes de la industria, la Sociedad Rural, la iglesia, la “embajada”, fueron los nombres decisivos de actores múltiples con proyecto único.
Menem fue su esplendorosa vuelta al gobierno por los votos.
De La Rúa y Duhalde no pudieron ni quisieron cambiar la matriz de poder imperante.

La prueba
Es recién a partir de 2003 que un audaz Néstor Kirchner rehúsa firmar el pliego de condiciones que extiende el escriba tradicional de la oligarquía argentina, el diario La Nación.
Es en este proceso que se pone por primera vez seriamente a prueba la convicción democrática de la derecha argentina.
Los resultados son impresionantes: un feroz ataque destituyente, convirtiendo descaradamente los grupos mediáticos que construyeron protegiendo a la dictadura y extorsionando a los políticos en agentes de propaganda golpista. Usan las mismas, las mismas armas simbólicas que en el genocidio.

Un caso y los recuerdos
El diario La Nación ya liberado de compromiso alguno con cualquier ética periodística titula en tapa el lunes 12 de marzo: “Axel Kicillof, el marxista que reemplazó a Boudou” y le atribuye falsamente a Kicillof ser “bisnieto de un legendario rabino llegado de Odessa”. Nadie puede confundirse. Que La Nación diga de alguien que es un marxista judío, en el marco en que lo incluye es exactamente lo mismo que hizo con los asesinados y desaparecidos por la dictadura. Subversión marxista, apátrida, era el modo de presentar para ese mismo diario las víctimas del genocidio que no tenían ningún derecho. Bastaba identificarlos de este modo para que cualquier pregunta se convierta en ilegítima, porque ¿qué derecho tiene un subversivo marxista? Bastaba señalarlo de este modo para que los grupos de tareas operaran.
Viene a cuento recordar la coincidencia de los testimonios que indican que las torturas fueron más encarnizadas con los judíos. Por caso, los modos de tortura que recibió Lidia Papaleo de Graiver, a quien los torturadores exigían en la sesión: –¡Firmá impura o te mato!
Papaleo de Graiver era impura porque se había casado con un judío y lo que debía firmar era el traspaso de las acciones de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón .
Siempre es necesario recordar las revelaciones recientes por las que se supo que Magnetto, CEO de Clarín, se reunía sistemáticamente dos días antes de cada sesión de tortura a Papaleo de Graiver con el jefe de esa patota de torturadores.

Marchar y luchar contra los responsables
La nota mencionada en que se ataca a Kicillof no es un error y ciertamente es representativa de la línea editorial de ese diario y de su socio Clarín.
No aprendieron nada, no se arrepienten de nada y volverían a hacer lo mismo. Los beneficiarios del genocidio fueron ellos, fueron sus ideólogos y sus exégetas y encontraron en las fuerzas represivas los tontos útiles a su proyecto.
Por todo esto marchar el 24 tiene una carga conmemorativa imprescindible que hay que seguir construyendo, pero también requiere un compromiso con el presente, no hay posibilidad alguna de conciliar la lucha por la memoria, la verdad y la justicia con la complicidad con Clarín y La Nación.
Entender cuál es la lucha del campo del pueblo en un momento histórico determinado es requisito para disputar una hegemonía alternativa.
Denunciar que el anecdotario de las imposturas narcisistas de una épica de pelea contra bastones de gomaespuma, de una épica contra el Estado en su momento popular, no es más que harina en el costal de la derecha, a pesar de no ser fácil ni grato, es necesario para dar la lucha a que habilita la realidad.