Otro fruto de la “mano dura”

22 de julio 2012 Hemos conocido entre jueves y viernes pasados el video de policías salteños que torturan detenidos. El hecho es cualquier cosa menos una casualidad. “No son policías, son delincuentes” sostuvo el ministro de Seguridad salteño. Una frase que busca tranquilizar pero que no es cierta. La preocupante verdad es que son policías y actúan según un patrón, una cultura y un conjunto de intereses políticos, empresariales y mafiosos que no puede producir resultados muy distintos a estos. ¿Por qué alguien haría algo tan atroz? ¿Cómo puede construirse semejante nivel de complicidad que supone que todo un grupo actuaba de este modo? ¿Piensa alguien que era la primera vez que lo hacían? ¿No sabían otros compañeros lo que pasaba? ¿No parece en las imágenes y testimonios algo “naturalizado”? ¿No hay acaso una infinidad de antecedentes de tortura recientes, hechos públicos, entre ellos, lamentablemente, en las cárceles de Mendoza? Estas son sólo un puñado de las cientos de preguntas posibles que muestran un sistema pútrido que encuentra en la demagogia punitiva su principal aliado. El sistemático ataque a las garantías individuales que supone cada una de las andanadas “tipo Blumberg” a la que políticos cobardes responden con sumisión, refuerza la concepción de la policía como un sistema cerrado exento de controles, cada vez con mayor poder sobre los ciudadanos; y lo que es peor, la prepara como un grupo de choque contra pobres, jóvenes y otros grupos objeto de miedo de lo que Jauretche llamaba el “medio pelo” argentino. Deben hacerse cargo los legisladores que firman proyectos de “mano dura” que cuando dan sus mensajes de “dureza” la consecuencia inevitable es ésta. No es creíble que no lo sepan. Cualquier pibe de una villa sabe que el dedo le apunta a él. Los tienen abonados. En Salta como aquí. Son los que sufren los peores abusos. ¿Quién le enseñó esto a los policías? Control político de la policía, fuerte control porque no se puede dar un arma en nombre del Estado a alguien que no esté sometido a un fortísimo control, protocolos estrictos de actuación, respeto de los derechos de cada habitante, desarme de la población civil, recuperación de los espacios públicos, inserción social y productiva, en un contexto como el propuesto en el “Acuerdo para la seguridad democrática” constituirían, de aplicarse, políticas inequívocas en el sentido opuesto a las que llevan a tener policías torturadores, y, muy probablemente, con resultados muy superiores en cuanto a reducción de indicadores de delito. Sin embargo hay que destacar dos aspectos centrales. 1. Después de casi treinta años de gobiernos electivos y vigencia del estado de derecho es inadmisible continuar con policías que actúan como guardianes de los ricos y poderosos de nuestra sociedad. Con toda la carga de prejuicios, discriminación y abusos que policías con esta impronta cometen en contra de la población. No son los policías los únicos responsables, la autoridad política que fija líneas, prioridades, pautas de acción, tiene la primera responsabilidad en cuanto al marco de valores que se difunde. 2. Derechos humanos como una premisa fundante del accionar de las fuerzas de seguridad. El modo en que suelen presentarse los derechos humanos, como opuestos a la seguridad individual, es una falacia lamentable. Es precisamente lo contrario. El respeto a los derechos humanos es nuestro pacto de convivencia y debe ser garantizados a todos los habitantes. El policía es un actor fundamental para efectivizar este pacto de convivencia. Tenemos que revisar toda la carga de prejuicios de los policías con respecto a distintos grupos de personas que luego son víctimas de abuso. Pobres, jóvenes, prostitutas, travestis, homosexuales, adictos y muchos otros colectivos o identidades conocen bien la saña y el desprecio con que un oficial puede tratar a un ciudadano. Un Estado que se asume popular, que decide construirse como casa de todos, no puede aceptar que los agentes que operan en su nombre descuiden, maltraten o vulneren derechos de ninguno de sus miembros. La dirigencia política no puede seguir mirando a otro lado o recurriendo a mentiras y engaños flagrantes de tipo “mano dura”. Pero los policías, los agentes, los de la esquina o el patrullero, harían bien en pensarse como actores activos de esta transformación, que supone antes que nada, saberse parte de pueblo, actuando para todos y cada uno, más allá de qué tanto les guste a ellos ese cada uno, y mirarse a sí mismos como servidores públicos. No de los ricos, no de los poderosos, sino de todos y por qué no, más de los más desamparados. Por qué no, un promotor, constructor, efectivizador de los derechos.

Reivindicación de la seguridad democrática

por: Carlos Almenara c.almenara@hotmail.com Presidente Partido Encuentro Mendoza en Nuevo Encuentro julio 2012 Asistimos estos días a una ofensiva, como ocurre cada breve lapso, de la “demagogia punitiva”. Consiste en una práctica de ciertos legisladores de aparecer generosamente por pantallas diciendo qué tan terribles son los delincuentes, qué tan débiles son los jueces, qué tan “atados” están los policías y qué maravilloso es su nuevo proyecto destinado a “castigar como corresponde” a esos delincuentes. Esas pantallas crearon antes un contexto y un clima. He llegado a contar 45 minutos en un noticiero de una hora dedicados a un crimen resonante. Una población en que ese noticiero tiene alto rating, ¿qué opinará luego de la emisión? No escribo estas líneas desde ningún afán festivo ni despreocupado por el delito ni por problemas que son reales, dolorosos y urgentes. Menos aún del desconocimiento del dolor de las víctimas. Las víctimas siempre tienen un lugar especial, lo que no quiere decir que en todos los casos tengan razón. Digo, no obstante, que la discusión sobre seguridad está planteada de un modo errado si no es que mediante estafa. Hay legisladores que quieren congraciarse con difusión fácil a costas del estado de derecho. Precisamente eso se ataca con la “mano dura”, el estado de derecho, las garantías que cobijan a todos. Nada de esto es nuevo. No ha tenido resultado para disminuir el delito pero sí ha conseguido tener una sociedad más miedosa y con menos libertad. “Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia, exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad” comienza diciendo el Acuerdo para la seguridad democrática firmado por organizaciones sociales, de derechos humanos y políticos de todos los principales partidos. Al referirse al “engaño de la mano dura” el documento sostiene que “las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática”. El documento, disponible en internet, es una lectura recomendable ante tanta verba calenturienta: http://www.cels.org.ar/common/documentos/acuerdo_para_la_seguridad_democratica.pdf Sin embargo, ante la necesidad de volver a discutir estas problemáticas tres cosas quiero plantear: 1. No existe una caracterización lombrosiana de “los delincuentes”. No hay delincuentes por un lado y gente “decente” por otro. Esta idea a pesar de ser contundentemente refutada desde hace un siglo, resiste y vuelve. Los delitos constituyen conductas que a priori cualquiera podría cometer, no hay una fisonomía, clase, caracteres físicos o conductuales que prefiguren quién cometerá conducta delictiva. Si me preguntan a mí, diré que los peores criminales no son precisamente del aspecto físico o la clase social que frecuentemente se asocian al delito. 2. La definición de un procedimiento penal por parte del Estado no tiene nada que ver con el devenir ni con las reacciones de los sujetos. El procedimiento penal no es algo aplicable a otro, es aplicable a mí mismo (para cada uno de nosotros). Cuando vemos gente que sostiene: penas más duras, más largas, menos discusión y a otra cosa, debemos decirle que el derecho no es para otros, es para ella misma; no hay nada a priori que indique que no será ella misma acusada de un delito y las garantías están para preservar la posibilidad de nuestra defensa. Imagínese Ud. que bastara con que un policía diga quién comete delito y quién no, ¿no hay acaso sobradas muestras de casos en que los mismos policías cometían el delito? Más poder a la policía sin control no parece un buen camino. Vale lo mismo para cualquier instancia. 3. Los procedimientos y penas que definimos como sociedad nos describen como civilización. A lo largo de toda la historia tenemos muestras terribles de cómo reyes, príncipes, virreyes y, en general, autoridades de toda laya, aplicaron penas horrorosas. Hoy mismo la aplicación de penas más crueles, o la misma pena de muerte, es un indicador bastante fiable de sociedades más violentas. La apuesta a la resocialización, a la reeducación como meta de los sistemas punitivos es un triunfo humanista que merece ser defendido, no desde un ingenuo idealismo sino desde un compromiso en cada instancia para crear condiciones estructurales de mayor igualdad social y construcción de una sociedad pacífica. Aumentar el miedo no ayuda. Una sociedad encapsulada, el espacio público privatizado, un concierto de countrys con seguridad privada (o con policía estatal a su servicio), lleva a todo lo contrario de una sociedad pacífica. Nada aporta el deseo de vengarse de alguien que cometió un delito por salvaje que sea. Los organismos de derechos humanos, una reserva ética señera en nuestra Argentina, dan ejemplo vivo de cómo la búsqueda de justicia, aún para crímenes horrorosos puede separar la justicia de la venganza, puede procurar juicio y garantías para los peores criminales. Mucho puede y debe hacerse pero no en clave autoritaria que nada soluciona y mucho agrava los problemas.

Bartolo, de golpe

por: Carlos Almenara Presidente Partido Encuentro Mendoza en Nuevo Encuentro c.almenara@hotmail.com junio 2012 Una bellísima novela de Mempo Giardinelli, “La revolución en bicicleta”, cuenta la historia de Juan Bartolomé Araujo, militar y revolucionario paraguayo, reiteradamente perseguido, finalmente exiliado en nuestra provincia de Chaco. Es interesante releerla o leerla por estos días aciagos para el pueblo paraguayo. El golpe institucional a Fernando Lugo muestra los nuevos modos de los viejos golpes. Los objetivos de aquellos son los mismos que los de éstos. Puede ser que algún sádico añore más cantidad de asesinatos pero aquellos golpes no se hacían, en general, para asesinar. Se hacían para implantar un proyecto político. Igualito que ahora. Una conjura de las derechas políticas, los medios concentrados y el poder económico para no permitir proyectos que cuestionen así sea mínimamente sus privilegios. Violan el veredicto de las urnas usando idiotas útiles (en Ecuador fue la policía, en Bolivia recientemente también, en Honduras sectores del ejército, lo mismo que en Venezuela), generando un boicot con desabastecimiento, cortes de ruta y otros (Bolivia 2008, Argentina y Venezuela), siempre con los medios concentrados como ariete; en todos los casos utilizando sectores de la política y las instituciones que asumen su representación y les permiten una pátina de legitimidad falsa. La respuesta de un continente que quiere juntarse y no vacila en el respeto a la voluntad popular, aisla a estos dinosaurios aún cuando aspiren y aún obtengan el apoyo de “La Embajada”. La potencia imperial tiene problemas propios y el continente ya no admite su intromisión en silencio. El llamado es a defender la democracia y lo que votó el pueblo. Las derechas han demostrado que pueden ser una opción electoral competitiva. Han ganado varias elecciones. Falta la otra mitad de la cuestión, que se banquen no ganarlas sin destituir el gobierno resultante. En Paraguay un vicepresidente, los medios concentrados y el Congreso opositor, representantes del poder real, destituyeron un presidente. En Argentina lo intentaron hace unos años. En cómo recomponer reglas de juego y sancionar a quienes las violaron (o intentaron hacerlo) radica un requisito estructurante de nuestra democracia. Que cada quien se calce el sayo. La política cuando se centra en el devenir narcisista de un personaje pero se escinde de la suerte de los pueblos y las causas, se encapsula en un anecdotario que la enajena de los ciudadanos y la transfiere a manos del poder real. La historia de Bartolo muestra un acervo de lucha y resistencia popular del pueblo paraguayo. Una historia de tantas. De paraguayos como las hay de cada uno de nuestros pueblos. La reunión de Mercosur y UNASUR de Mendoza en estos días pone en valor y rescata como nunca había ocurrido esas herencias. Es un buen motivo de festejo y optimismo.

Blanck por la renta minera

Blanck por la renta minera Por: Carlos Almenara Presidente Part. Encuentro por la Democracia y la Equidad en Nuevo Encuentro junio de 2012 Hace unos días me tocó presenciar frente al televisor cómo el periodista de Clarín, Julio Blanck, recomendaba a Axel Kicillof que “en lugar de usar la plata de los jubilados vaya por la renta minera como correspondería a un verdadero progresista”. Está visto que hasta que Clarín no se amolde a la Ley de Medios estamos dedicados a tratar que no se manipule la población con ese martillo persistente en la cabeza de todos nosotros. No alarmarse, Clarín hizo cosas peores, por ejemplo, se quedó con Papel Prensa en una mesa de torturas. Demuestra habitualmente que sigue con disposición a los mismos métodos. Hasta ahora, en esta etapa, hemos podido evitar las peores exteriorizaciones. Pero desenredemos esta bravuconada de Blanck. La frase se las trae. Primero, el destinatario. No le habla a la audiencia, no le habla al gobierno, le habla a Kicillof. El socio de Clarín en el negocio del papel y los agroeventos, el diario La Nación, ya dedicó tapas al viceministro con titulares que merecen formar parte del acervo más típico del macartismo. La Nación ya catalogó al funcionario como marxista, judío, nieto del rabino de Odessa. La falsedad del dato histórico no oculta el afán persecutorio y discriminatorio con el que sus cómplices operativos para los negocios, la dictadura, cometió las mayores atrocidades. No se puede interpretar que el mensaje esté dirigido a Kicillof sin este contexto, entonces, primero, Blanck macartea. Lo de “la plata de los jubilados” es una falsedad. Construyen el mito, quieren dar la imagen de que hay plata que es de un grupo de la población a la que viene el gobierno y roba. Hacen eso mismo sistemáticamente desde 2008. Muestra de cinismo importante, toda vez que si hay pruebas de algún robo a lo que era un fondo para los jubilados fue por parte de Clarín que extorsionó al conjunto de las AFJP para que compren acciones de su grupo empresario a $30 y que vendieran a $ 6 ocasionando un quebranto de varios cientos de millones al sistema. Más importante es insistir en que la nacionalización de las jubilaciones implicó un cambio de paradigma. Que el fondo de sustentabilidad no es de los jubilados, es de todos los argentinos y está destinado sí a pagar jubilaciones. Pero esos fondos no pueden quedar inmóviles, hay que usarlos para que produzcan y qué mejor que usarlos en vivienda. Antes, con las AFJP, las jubilaciones “no existían”, había un sistema de ahorro, en que cada uno de los trabajadores en blanco era obligado a poner un porcentaje de su sueldo en, digamos una “caja de ahorro individual”. Esa caja de ahorro no podía ser tocada por su supuesto dueño hasta que se jubilara. Cuando se jubilara (básicamente) se le devolvía lo que había juntado más la renta que hubiera conseguido su AFJP con sus inversiones, que si todas fueron como las que hizo con Clarín, el final estaba cantado. El importe que tenía que ingresar a las cuentas de capitalización era disminuido por comisiones “de administración” que llegaban a superar el 30%. Ese sistema jubilatorio había dejado más de 2 cada 5 mayores sin jubilación. Y los que la tenían cobraban mayoritariamente montos bajísimos. Vale decir que las jubilaciones aparecen para dar respuesta al problema de los ancianos sin cobertura. Si Ud. quiere durante su vida activa ir haciendo un fondito para usar al momento que se retire, puede ser una buena idea pero no es una jubilación. Un sistema jubilatorio debe garantizar cobertura amplia y un mínimo de ingreso digno para todos. Quienes insisten en plantear la prioridad del 82% por sobre el aumento de las jubilaciones mínimas están priorizando un Estado que potencia la desigualdad social. Para sociedad desigual ya tenemos toda la vida activa. Seguramente los más favorecidos llegarán a su edad avanzada con propiedades y bienes que harán más apacible su vida, si quieren pueden, privadamente, hacer una inversión que devengue una renta mensual. Cuando interviene el Estado estamos autorizados a pedirle que, por lo menos, no aumente la brecha. Aún así, la nacionalización del sistema se produjo por el desbarranque de las inversiones que hacían las AFJP. Dilapidaron buena parte de los aportes, lo que hacía insostenible aún en sus términos el régimen. Blanck propone gravar adicionalmente la renta minera. ¿Propone esto? Si se hiciera algo así no es arriesgado sostener como seguro que aparecería cuestionando la inseguridad jurídica de nuestro país. Para enfrentar corporaciones hace falta poder y voluntad política como ha manifestado este gobierno para enfrentar la concentración de la comunicación. Si hay chances de hacerlo en otras áreas seguramente es en la senda recorrida desde 2003 y no en otra como han dejado recurrentemente de manifiesto los opositores políticos. Ahora, ¿por qué Blanck pide gravar la renta minera si no quiere gravar la renta minera? En esta pregunta subyace una clave de estos tiempos cual es la imposibilidad de un debate político. No es posible confrontar proyectos, discutir ante argumentos que no son argumentos, argumentos que son excusas y que van hoy en un sentido mañana en el contrario como si nada, que no tienen un “lugar de enunciación”. Ubicuos los he llamado en alguna ocasión. Ubicuidad que se refleja también en que Blanck diga ¡lo que haría un auténtico progresista! Blanck puede decir lo que haría él, lo que haría Clarín, pero si Blanck es quien va a decir lo que haría un auténtico progresista estamos en problemas. Y estamos en problemas porque la concentración mediática hizo que Blanck dijera hasta no hace mucho qué haría un auténtico progresista. Afortunadamente, a pesar de Blanck y sus patrones, Argentina tiene hoy una pluralidad, un vigor en las voces que se expresan, que no podrán callar por más que lo intenten.