Por: Carlos Almenara
Mendoza, 15 de enero de 2021
La historia es bien conocida. En cada país con singularidades, especificidades, el mecanismo llamado “lawfare” ha sido utilizado por Estados Unidos y oligarquías locales para horadar, derrocar o evitar el ascenso de partidos o líderes populares. El sistema consiste en el uso de los grandes medios de comunicación social para instalar discursivamente una defección, normalmente un acto de corrupción de algún dirigente que quieren descalificar, luego jueces o diputados la toman como cierta y avanzan en la demolición. La clave es que, en cada caso, buscan un cambio de régimen; el resultante siempre se alinea incondicionalmente con Estados Unidos. Temer puede haber sido el vicepresidente de Dilma Rousseff pero el golpe implicó un realineamiento geopolítico de Brasil.
En los tiempos más recientes el ciclo comenzó
en Honduras con el golpe a Manuel Zelaya, más parecido a los tradicionales pero
con intervención de los medios y el Parlamento, luego siguió reiteradamente por
Bolivia, Paraguay, Brasil, Ecuador, Argentina. Venezuela, recibió de estos, de
los otros y de todo lo que pudieron tirarle.
Esta interpretación tiene un abismo de
distancia con los promotores de la persecución política, esos que pusieron todo
su esfuerzo en legitimar argumentalmente sus imposiciones y no están dispuestos
a regalar así como así semejante tarea.
¿Pasó antes esto?
¿Qué es esto? Esto es la imposición de un
relato ilegítimo e ilegal que debe reencausarse en algún régimen de legitimidad
y legalidad.
Sí, pasó. Pasó a la salida de las dictaduras
setentistas, en los ochenta del siglo pasado.
¿Cómo se resolvió?
Algunos países aplicaron regímenes más o
menos ambiguos de amnistías. Argentina tuvo idas y vueltas, finalmente
consolidó un inconcluso camino virtuoso en ambos términos, legitimidad y
legalidad.
Para poder avanzar lo que se avanzó en
Argentina hubo que caracterizar el régimen como ilegítimo y genocida, determinar
la imprescriptibilidad de sus crímenes y aun así la totalidad de los
empresarios que participaron del mismo quedaron impunes. Ni hablar de que nunca
pagaron con el patrimonio que recibieron fruto de los actos de aquellos
gobiernos. Patrimonio que condicionó y condiciona la etapa democrática.
Eso mismo está en juego ahora. Quizá con peor
pronóstico, depende de nosotros.
Cuando Alberto Fernández dice “no hay presos
políticos sino detenidos arbitrarios” da una respuesta política que excede
largamente la injusta cárcel de Milagro, Luis D’Elía, Amado Boudou y tantos
más. Da una respuesta al abismo de legalidad y legitimidad que fractura a la
sociedad argentina.
Podemos tomar miles de casos, quizás decenas
de miles. Cualquiera. Nisman, por ejemplo. No hay diferencias de criterio. Quien
dé por válida la versión del macrismo y Clarín del comando iraní venezolano
entrenado en Cuba que “mató” a Nisman no está dando una interpretación de los
hechos. Es otra cosa. Es asumir que frente al enemigo todo vale para
enfrentarlo, para encarcelarlo, para torturarlo o matarlo como también hicieron
durante el gobierno de Macri. No es necesario respetar el debido proceso ni
siquiera es menester cumplir cánones de lógica y falsación.
Pongamos el caso Gils Carbó. ¿Cómo vamos a
describir las amenazas que recibió su hija a partir de que Clarín publicó su
teléfono? Ese hecho precipitó su renuncia. Los cientos de titulares, miles de
notas de radio y televisión hostigando a la procuradora de la Nación...
Pongamos el caso del secuestro del senador
Pais por parte de Lorenzetti para poder echar al juez Freiler con una mayoría
ocasional (fruto del secuestro) en el Consejo de la Magistratura.
Allí, en todos estos casos, participan
medios, periodistas, embajadas, empresarios, jueces, fiscales y políticos.
Todos complotados en términos ilegales e ilegítimos.
El problema es la adscripción a uno de los
sistemas hermenéuticos. Se puede hacer profesión de fe por Magnetto y eso es
validar la idiotización y esclavización del género humano; o se lo puede
combatir.
No hay ninguna “ancha avenida del medio”. No
la hay por razones paradigmáticas, sistémicas. No depende de la “buena
voluntad” de los actores.
Entonces, la salida elegante de los
“detenidos arbitrarios” es decepcionante porque no tiene solución. Pero también
es insostenible porque la dinámica de la situación requiere la confrontación
hermenéutica. Uno de los dos regímenes de verdad se impondrá. Otra vez, no
depende del pacifismo de los enunciadores.
Ni en Argentina, que fue el país que más
justicia hizo con su dictadura, pudimos horadar el sistema de la dictadura.
Seguramente ahora pasará lo mismo. Pero será imposible cualquier régimen legal
y legítimo con hechos aberrantes a la luz pública, hechos como que el
periodista Daniel Santoro extorsione, por Clarín, a empresarios para
sobornarlos, hechos como que Majul soborne con un ministro nacional a testigos
de causas importantes, y decenas más.
Es el mismo combate hermenéutico que explica
que más allá de toda propedéutica periodística, de cualquier mínimo rasero de
respeto, de todo compromiso con una ética de la comunicación social, una pluma
de Clarín entreviste al presidente y escriba una crónica de sus propias
impresiones.
Es que Clarín hace años tiene claro que está
en guerra contra el pueblo argentino. Como siempre la pregunta refiere a qué
hacemos nosotros al respecto.
