domingo, 24 de marzo de 2024

Nunca más es ahora

Por Carlos Almenara

Escribo estas líneas un poco antes de los actos previstos para el 24 de marzo. A nivel nacional y también en provincias y municipios se espera una serie de acciones conmemorativas por parte de los organismos de Derechos Humanos que congreguen gran cantidad de personas.

Sé que en Mendoza, desconozco en otras provincias, la consigna convocante es “NUNCA MÁS ES AHORA”. La frase es un gran acierto. Por supuesto, no soy exégeta ni estoy en la cabeza de quienes la propusieron, pero calza como “anillo al dedo” a los retrocesos y amenazas del presente.

Siempre vale recordar el horror de la dictadura cívico militar de 1976 a 1983. Hablamos de un gobierno ilegítimo, un golpe que puso en la presidencia y en todo el Estado personas que nunca debieron ocupar esos cargos, que los usurparon. Anularon el Poder Legislativo, intervinieron las provincias y en la Justicia… En el Poder Judicial radica una de las claves más inquietantes, los jueces siguieron siendo casi los mismos, con pocos cambios, antes y después.

Esa dictadura implementó un plan económico neoliberal de la mano de José Alfredo Martínez de Hoz que implicó la más radical transformación productiva de nuestra historia. Para mal. Destruyó la industria y transfirió ingresos de los trabajadores a una mafia empresarial con las manos ensangrentadas que son varias de las mismas corporaciones que vemos aún hoy operar. Cuando nos preguntamos el por qué de tanta pobreza, del escaso crecimiento, del subdesarrollo, siempre debemos referenciar en ese hito trágico el cambio a una tendencia negativa.

Por supuesto, para aplicar semejante plan de saqueo la dictadura apeló a una represión de niveles antes desconocidos. Desaparición de personas, torturas a niveles masivos, secuestros, robos patrimoniales, robos de bebés, censura, todo esto hecho desde el Estado.

No hubo guerra, hubo un Estado terrorista, que, confabulado, cometió crímenes contra civiles, todos inocentes, pues en ningún caso un tribunal legítimo dictaminó su culpabilidad.

La borrachera de poder llevó a la cúpula de la dictadura a usar la causa Malvinas con el fin de congraciarse con la población con un nivel de irresponsabilidad que aún hoy pagamos, y ello, sumado al visible desastre, abonó el fin de su ciclo.

Los dinosaurios dejaron el poder estatal pero continuaron en las empresas, en los medios de comunicación, en los estrados judiciales. Y desde allí condicionan hasta nuestros días los regímenes siguientes.

Con Macri y por estos días vuelve una reivindicación de esos años que debiera ser inadmisible en un estado de derecho, radicalmente ilegítima y antidemocrática.

Una de las lacras, parcialmente también herencia de la dictadura, que el movimiento democrático nunca pudo o supo remover es el alineamiento de clase y represivo contra los sectores populares de las policías.

El viernes 22 se dictó el fallo del jurado popular en el caso de “gatillo fácil” que acabó con la vida de Kevin González.

Kevin, un muchachito de una barriada popular de Malargüe, fue asesinado por una bala policial en un momento de madrugada en que estaba reunido con amigos. El fallo declaró no culpable a Nadia Verdugo, la agente policial que, está demostrado, le disparó con su arma reglamentaria. En el transcurso del juicio se vio un conjunto de policías respondiendo como cuerpo para cubrir a su agente en lugar de fiscalizar el buen comportamiento de sus miembros.

También se vio la amorosa familia de Kevin, acompañada por la APDH, buscando justicia. No la encontró.

Esta es también una postal de época de las herencias de la dictadura. Herencias represivas, herencias culturales, herencias sociales. Igualmente es una amenaza hacia el futuro.

Claro, cómo no, NUNCA MÁS ES AHORA. 



domingo, 17 de marzo de 2024

Un DNU inconstitucional


Por Carlos Almenara

El jueves 14 el Senado de la Nación rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia que dictó Milei a pocos días de asumir.

El mamotreto, por su extensión y amplitud de materias, no tiene antecedentes históricos, nunca hubo algo igual, deroga o modifica más de 300 leyes y otras normas. Cuando se argumenta que no se impugnaron los DNU anteriores, con lo que se da a entender que se sería injusto con éste, se incurre en una falacia, porque nunca hubo un DNU de este tenor, una verdadera reforma de la Constitución de hecho. El único parangón histórico es la designación de dos jueces de la Corte, también por decreto, a cargo de Macri, intento que fue “normalizado” con la ayuda de Pichetto que le consiguió el apoyo senatorial.

¿Es sensato acaso derogar la ley de alquileres sin discutir? ¿Cuál es la necesidad y urgencia de derogar la ley de góndolas? ¿No podría ser una herramienta, junto a la Ley de Abastecimiento que también se deroga, para combatir la inflación que pega tan duro? No hay muchas alternativas que sospechar lo inconfesable para derogar la Ley de Tierras. ¿Es éste el mecanismo idóneo para modificar códigos de fondo, como el Civil y Comercial? Si tanto presumen de desregular todo, ¿por qué meten mano en la AFA que es una entidad privada? ¿Por algún negocio?

A las anteriores podemos sumar decenas de preguntas, pero las expuestas alcanzan para corroborar que el DNU es inconstitucional, que nunca hubo avasallamiento semejante, que en casi todos los artículos no hay necesidad ni urgencia (pero sí negociados) y que lo que corresponde es que cada temática se trate legislativamente por separado.

No hemos mencionado ni los considerandos ni las facultades delegadas.

En los considerandos se ve la pluma de Milei y los bolazos que le hemos escuchado. Por ejemplo afirma que “la emisión de dinero… (es) la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos”. La frase es mentira, pero en todo caso, corresponde a una discusión teórica de economía política. La pretensión de Milei de decretar qué es verdad y qué no en una ciencia social debería bastar para cambiarle el chaleco antibalas por un chaleco de fuerza.

A alguien inestable y mentiroso como Milei, que decreta que la inflación argentina en 2023 viajaba a 17.000%, cosa que vio él sólo, el DNU prevé arrogarle facultades delegadas en casi todas las materias.

Por supuesto, ningún opositor, ningún no oficialista tiene deber de “darle gobernabilidad”, “darle las normas que pide”. No sólo no tiene deber de hacerlo, al contrario tiene el deber de no hacerlo. Hacerlo implica incumplir las funciones de funcionario público.

Por ejemplo, los diputados Verasay, Nieri y otros que han anunciado que votarán a favor en Diputados, deben explicar por qué están a favor de derogar la Ley de Góndolas, por qué es negativo tener una Ley de Compre Nacional o un Observatorio de Precios. Si ellos no están de acuerdo con estas medidas, si nos las pueden fundamentar, si tienen al menos una disidencia parcial con el DNU no deben votarlo. Deben tratar individualmente proyectos legislativos. Todo el daño que causan y causen estas normas en el futuro no será imputable sólo a Milei sino también a sus cómplices aún en el Congreso.

Esto mismo vale para los propios diputados oficialistas de La Libertad Avanza. Cada uno de ellos tiene legitimidad para votar en disidencia con un mandato que consideren injusto o erróneo (y deberían considerar injusto y erróneo este esperpento).

Al rechazo en Senadores debe seguir su tratamiento en Diputados, que aún no tiene fecha. Si la cordura, la responsabilidad y la Patria se imponen a la rosca entre fulleros a espaldas del pueblo, si la decencia se impone a las coimas, el DNU debe ser rechazado.