domingo, 20 de septiembre de 2015

Tucumán con Argentina en la mira

El fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Nacional de la provincia de Tucumán anulando las elecciones tucumanas es un hecho más en una cadena de incidentes provocados por sectores opositores destinados a desestabilizar.
Desde 2008, liderado por el Grupo Clarín, el poder real del país eligió la estrategia golpista de acceso al poder. No buscó primariamente construir poder político, posicionar un candidato o convencer a la población de la pertinencia de ciertas políticas, sino golpear, golpear y golpear, con la esperanza de un final para Cristina del estilo de De La Rúa.
La mecánica tuvo momentos de evidencia absoluta como los cortes de ruta de los sojeros en 2008 o las manifestaciones de los cacerolos; en otros casos se expresó en maniobras menos visibles como corridas cambiarias, u operaciones de los servicios de inteligencia en casos como Nisman.
La decisión de esta Cámara de Tucumán conecta con esa cadena. La alianza opositora cuenta con la información de sus fiscales de mesa, fiscales del total de la provincia, que le hacen conocer perfectamente que perdió la elección. Igualmente judicializa de modo vago la cuestión mediante un recurso totalmente extemporáneo e ilegítimo que dicha Cámara acepta en una manifestación de complicidad. Los opositores sabían que no era ése el lugar para reclamar, los jueces sabían de su incompetencia. ¿Por qué lo hicieron? Seguramente porque conocían de antemano cómo iban a fallar.
En las últimas horas se conoció que la jueza Ebe López Piossek fue funcionaria de la dictadura y tiene un pariente próximo candidato en las listas de Cano y Macri. No, claro, no se excusó.
Eduardo Barcesat, uno de los más destacados constitucionalistas del país, anunció que se promovería acción penal contra los jueces de la Cámara en cuestión: la mencionada López Piossek y Salvador Norberto Ruiz. Los delitos imputados serían prevaricato y sedición. Debate Mendoza publicó el viernes 18 qué implica cada uno de dichos tipos legales (http://www.debatemendoza.com.ar/pueden-terminar-presos/). El abogado mendocino Héctor Garófoli comentó en el programa radial Temprano para Imposibles que hay una muy posible comisión de otros delitos por estos magistrados en concurso con aquellos.
Es muy importante que avance la acción penal. Desde 2008 estamos en una especie de reedición de lo que el politólogo Juan C. Portantiero llamaba el empate hegemónico, esta vez entre una democracia que quiere avanzar y sectores corporativos que impiden cualquier tipo de conquista popular con el apoyo de jueces cómplices.
Ciertamente está en juego que la democracia sea democrática. Esta vez superaron todos los límites de la grosería. Por supuesto que este fallo será revertido por cualquier tribunal mínimamente sensato. El problema es que el Poder Judicial ha hecho tantos desaguisados que una persona que no está en capacidad de ejercer su tarea y que ha manifestado una feroz parcialidad política, tendría que fallar al respecto, Carlos Fayt.
Igualmente la oposición y Clarín saben que Manzur asumirá como gobernador. No les importa Tucumán, quieren horadar desde el inicio la legitimidad del nuevo gobierno nacional para condicionarlo o iniciar las mismas intentonas en las que vienen fracasando.
Sería deseable que la oposición acepte la regla del voto. Para gobernar hay que tener más votos. Y las reglas de juego. Un diputado o un senador nacional, como Cano, no puede deslegitimar el sistema desde una banca, tiene que renunciar a la banca. Si el sistema es ilegítimo, no tiene que asumir. Si ellos dicen que las elecciones fueron fraudulentas, ellos deben decidir no asumir. Fueron elecciones iguales a las cuales Cano y los suyos consiguieron los cargos que hoy ostentan. Claro que no lo hacen ni lo harán, lo que muestra que toda la denuncia es un simulacro sin límites éticos y sin compromiso democrático. Fueron sumidos allí por seguir al gran titiritero nacional, Héctor Magnetto y el poder que encarna.

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