Otra vez, NO

 

Por Carlos Almenara*

Uspallata ha vuelto a decir NO al proyecto minero San Jorge. Un viejo conocido de los mendocinos, emblema del rechazo a la megaminería con sustancias tóxicas que produjo una reacción popular durante la primera década de este siglo. Fue un impulso importante para que la Legislatura sancionara en 2007 la Ley 7722.

Recordemos, el Artículo 1 de la L. 7722 prevé que “se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos…”. A fines de 2019, la Legislatura, a instancias del Poder Ejecutivo, modificó la 7722 con el objeto de excluir cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas de las prohibiciones de la Ley. Recibió una curiosa y sugerente confluencia transversal de apoyos:

A fines de diciembre de 2019, una movilización popular inédita en Mendoza obligó al gobernador Rodolfo Suárez a dejar sin efecto la modificación a la Ley (aunque recopilando materiales para esta nota encontré que en páginas web del gobierno nacional figura el texto de la derogada Ley 9.209. Ver: https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/ley-7722-123456789-0abc-defg-227-7000mvorpyel/actualizacion).

Con la asunción del segundo gobierno de Alfredo Cornejo la promoción de la megaminería recuperó impulso. En abril de 2024 se aprobó una modificación al Código de Procedimientos Mineros. Como en otras ocasiones, por caso la materia penal y contravencional, la Unión Cívica Radical mendocina, con mayoría legislativa y judicial automática, vía procedimiento altera de iure o de facto las garantías legales de la ciudadanía. A fines del año pasado la Legislatura aprobó 34 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en lo que llamaron “Malargüe, Distrito Minero Occidental”. Un segundo capítulo está pendiente por observaciones de organismos técnicos y académicos.

En un frenesí minero que incluyó viajes por el mundo del gobernador reapareció, recientemente, el interés en el desarrollo del Proyecto San Jorge. La empresa propietaria de la concesión querría avanzar en la extracción del mineral. Desde el gobierno, más presurosos que la propia empresa, aclaran que cumplirían con la Ley 7722. Se desconoce qué método de extracción utilizarían para conseguirlo.

El viernes 24 de enero se inauguró en Uspallata una Cámara Minera. Al acto asistió el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, a decir de los pobladores, visitó por primera vez el pueblo en todo un año de gestión. Fueron desde Gran Mendoza cuatro colectivos embanderados por la UOCRA, sindicato de la Construcción.

 

Espontáneamente se reunió un grupo de pobladores defensores del agua. El intendente no fue bien recibido por los vecinos.

El grupo de la UOCRA, que ha sido señalado como parte de una barra brava de uno de los clubes importantes del fútbol mendocino, atacó brutalmente a Flavio González, empresario turístico de Uspallata y militante ambiental. Su relato es impactante, vale la pena leerlo aquí: https://www.lalunacongatillo.com/el-peor-dia-de-mi-vida/

Hubo un incidente al producirse un intento incendiario. Los medios con mayor audiencia en la provincia lo imputaron a los vecinos autoconvocados, pero los asambleístas, pobladores conocedores de las cuitas locales, alegan que es un asunto personal que nada tiene que ver con el ambiente, el agua o la minería. Resulta que uno de los acusados del ataque imputa al empresario, Edgardo Vera, organizador de la Cámara Minera uspallatina, ser culpable del encarcelamiento de su hijo por dos años.

El comunicado de los vecinos puede leerse aquí: https://agenciaparalalibertad.org/comunicado-urgente-de-autoconvocados-de-uspallata

Al contrario, circula una foto que vincularía a uno de los detenidos con el grupo de UOCRA.

Señalan los uspallatinos que no recuerdan una represión policial con gases lacrimógenos y balas de goma como la del viernes 24. Llama la atención el por qué del despliegue policial y el modo en que se trasladaron los cuatro colectivos de UOCRA, encapsulados por la Policía y, según denuncias, con, al menos, una persona armada. La connivencia de empresarios mineros, patotas, barras bravas, gobierno provincial e intendencia, parece difícil de esconder.

Lo más interesante llegó el día siguiente, sábado 25. Una multitud poca veces vista en Uspallata volvió a decir que NO al proyecto San Jorge.

La decisión de gran parte de la población de Mendoza de cuidar el agua ha sido desafiada por empresarios con enorme capacidad corruptora y por un gobierno con pésimos antecedentes en materia de cuidado del ambiente. Venimos de presenciar a fines del año pasado cómo el gobierno provincial echó a María Emilia Scatolón de la Inspección de Cauce de Lunlunta cuando denunció contaminación de aguas con petróleo. Si esa fue la decisión en un caso de contaminación ¿por qué habría de actuar de otro modo en el cuidado del agua de la cuenca del Río Mendoza? Hablamos del agua que bebemos casi tres cuartos de los mendocinos.

El reclamo comenzó, este año, el sábado 25 en Uspallata. Todo indica que seguirá. Ya hay nuevas protestas convocadas.

*Agradezco imágenes e información a Sebastián Nanfro.

Venezuela triunfadora

Por Carlos Almenara

Finalmente, Nicolás Maduro juró su tercera presidencia. Los ataques mediáticos y las operaciones de desestabilización fueron feroces pero, hasta ahora, infructuosos.

El 28 de julio del año pasado, en medio de una fuerte presión internacional, se realizaron elecciones presidenciales en Venezuela. Una situación incómoda para la OEA y Estados Unidos que habían reconocido a Juan Guaidó como presidente venezolano, y entonces tuvieron que “fingir demencia” y apoyar a la oposición venezolana en elecciones organizadas por el gobierno real del país. Recordemos que Guaidó se había autoproclamado como presidente en una plaza pública.

Hay tantas preguntas que es difícil saber por dónde empezar. Guaidó recibió la administración de miles de millones de dólares que Estados Unidos literalmente robó a Venezuela. ¿Qué pasa con esa plata? ¿O con las decisiones de la OEA con el voto de un representante de Guaidó?

Luego de idas y vueltas por parte de la ultraderecha alineada con Estados Unidos y después que todas las fuerzas opositoras (que en Venezuela hay varias) legitimaran el proceso electoral, eligieron a Edmundo González Urrutia como candidato para participar de esos comicios.

Esa fuerza política, con la jefatura de María Corina Machado y el apoyo de la OTAN, denunció fraude antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. Nueve candidatos presidenciales firmaron un  compromiso de reconocer los resultados, Urrutia no. Hay un tema insoluble, si ud. no reconoce al gobierno, al Consejo Electoral (que tiene representación pluripartidaria), al Tribunal Supremo, ni a los jueces, entonces ud. no debería participar de las elecciones. Es decir, son los órganos legítimos y legales del estado de derecho venezolano los que dirán el resultado. Como es lógico esperar, desde una ilegitimidad radical que la ultraderecha asigna al gobierno de Nicolás Maduro y al conjunto de las instituciones estatales, no se puede participar de elecciones, pero tampoco ocupar bancas ni gobernaciones, porque, si el régimen es ilegítimo, ¿qué hace ud. en esa banca? Esa es la inconsistencia que las sucesivas derechas, profundamente corruptas, no pueden superar. Deberían devolver bancas y gobernaciones opositoras (que las tienen y en buena cantidad), cosa que no hacen porque por un peso venden a su madre,… y la entregan.

Venezuela tiene un sistema electoral con máquinas de votación electrónicas. En la reunión del Consejo Nacional de Defensa del 12 de agosto de 2024, emitida en cadena nacional, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Giménez, explicó la ferocidad del hackeo sufrido no sólo por el sistema electoral sino por todo el Estado. Se puede ver en 1h.42m. de este video:

El Consejo Nacional Electoral se demoró unas horas producto del hackeo, pero la noche de la jornada comicial publicó los resultados provisorios: Maduro 51,2%, Urrutia 44,2% y luego otros candidatos. La oposición renegó del resultado, volvió a denunciar fraude, como había hecho durante todo el proceso, y sostuvo que Urrutia ganó 70 a 30, así, redondo. Como es de uso, el CNE realizó el conteo definitivo que amplió unas centésimas la diferencia a favor de Maduro.

Frente a la presión internacional, el presidente pidió al máximo órgano de Justicia la verificación del proceso electoral, instancia habilitada por la legislación. El Tribunal Supremo se abocó a la cuestión, reclamó la documentación al Consejo Electoral y pidió las actas a todos los partidos participantes. Recordemos que hubo 10 candidatos. Nueve presentaron las actas, uno no, adiviná quién. Exacto, González Urrutia no presentó las actas.

Sí presentaron actas Urrutia y Machado en una página web. Esas actas tienen un valor legal cero, contienen información imposible de constatar o que, en los casos en que se constató, resultó falsa, y, como se ha demostrado en investigaciones periodísticas, constituyen imágenes editadas. Ver: https://misionverdad.com/venezuela/en-tinaquillo-se-derrumba-la-credibilidad-de-las-actas-opositoras

El Tribunal Supremo revisó la información del CNE, la de los fiscales de todos los partidos y validó todo lo actuado.

Por ello, este 10 de enero asumió Nicolás Maduro para su tercer período presidencial.

Venezuela es, por lejos, el país que más crece actualmente en América Latina, a un ritmo de 9%, verdadera “tasa china”, de los mejores tiempos. El gobierno inicia un llamado a los migrantes para que vuelvan a su país y postula un plan de 7 Transformaciones para el desarrollo, alineado en la construcción de un mundo multipolar de la mano de los BRICS.

La militancia de la prensa hegemónica calumniando, burlándose de las autoridades legítimas de Venezuela merece un análisis que no podemos hacer aquí, basta mencionar que buena parte de ella pide que Estados Unidos invada Venezuela. En realidad gran parte de la derecha venezolana e internacional pide lo mismo. Hay cosas que deberíamos decir más despacio, el desprecio que cualquier persona de bien debe tener hacia alguien que pida algo semejante es total. Vale, en este caso, dedicarles a estos verdaderos cipayos este fragmento que Carlos Bardem destina a los fascistas:

América Latina, efectivamente, vive una emergencia democrática y de Derechos Humanos. Sólo por nombrar tres casos:

• Ecuador atraviesa un autogolpe por parte de Daniel Noboa quien acaba de nombrar una vice nueva porque se peleó con la que votó la gente y amenaza encarcelar al presidente del Congreso. Mientras tanto, encubre a militares que asesinaron de manera horripilante a cuatro niños. Casi cero tratamiento por la prensa hegemónica.
• Perú tiene una presidenta que llegó por un golpe de estado contra Pedro Castillo, a quien mantienen encarcelado con prisión preventiva. En el mundo del revés, Dina Boluarte desconoce la legitimidad de Maduro. 
• Otro activo militante contra Venezuela es el salvadoreño Nayib Bukele, cuyo régimen no pasa ningún examen de cumplimiento de Derechos Humanos ni de democracia. Dice que ganó con el 85% de los votos. Toda persona sensata sabe que eso es imposible o que algo así sólo se produce en un régimen totalitario donde las fuerzas opositoras no pueden desplegarse.

O vengamos a la misma Argentina. En casi todos los medios infecciosos de comunicación masiva no te dicen nada de estos casos y te presentan a Maduro como dictador. Sin embargo en Venezuela hay legisladores opositores, gobernadores opositores, prensa opositora, marchas opositoras y candidatos opositores. Sin ir más lejos, la libertad de Corina Machado para hacer sus marchas es algo de lo que carecemos en Argentina, cualquier reclamo es reprimido o multado.

Una nota especial merece la mentira que fue tapa de Clarín y destacado de varios medios: la supuesta detención de Corina Machado el 9 de enero. Un verdadero papelón, una obscenidad, sobre la que esos medios tóxicos todavía no piden perdón a sus audiencias.

A pesar de todos los ataques, Venezuela mira el futuro de pie, con soberanía y dignidad.

Lanata: delincuente impune

 

Por Carlos Almenara

Lanata fue sepultado. Su familia pudo hacerlo con respeto en las exequias. Incluso su velorio fue emitido en virtual cadena nacional por la televisión que convocaba a la gente a despedirlo, con no mucho éxito.

La lectura de su “legado” es un hecho político de la mayor importancia.

Está fuera de discusión su creatividad y talento en el periodismo, profesión que abandonó hace años. Al menos desde que se incorporó al grupo Clarín fue una pieza, probablemente la principal, de operaciones contra la democracia argentina mediante calumnias, inventos, falsas noticias, que estigmatizaron personas y conjuntos de la población, con acusaciones falaces que derivaron en manipulación de la opinión pública y en persecución a enemigos del régimen a través de jueces.

Se podría decir que Lanata usó su libertad de expresión. Precisamente, es algo de lo que carecemos los ciudadanos comunes y la mayor parte de los periodistas del país. El grupo Clarín maneja el monopolio del papel para imprimir diarios y varios cientos de licencias de medios audiovisuales a lo largo y ancho de la geografía nacional. No son “empresas privadas” que actúan según sus intereses por fuera de la esfera pública; en el caso de Clarín, es un grupo mafioso que captura el Estado para monopolizar sectores comunicacionales y económicos. Entiéndase: Canal 13, por ejemplo, aunque podríamos mencionar casi cada una de las empresas de Clarín, no sólo fue apropiado irregularmente en la primera de las privatizaciones menemistas, sino que usufructúa una licencia estatal. Si varios de nosotros nos pusiéramos de acuerdo, consiguiéramos el capital y compráramos los equipos, igualmente no podríamos emitir televisión abierta en Ciudad de Buenos Aires porque no tenemos la licencia estatal que sí tiene Canal 13. Es decir, Lanata calumnia a una persona por Canal 13, el afectado no puede desmentir la falsa acusación porque Clarín no respeta el derecho a réplica y ese ataque no se realiza solamente desde una empresa privada sino utilizando también bienes públicos como el espectro electromagnético (y la licencia estatal para su uso). Es decir, Lanata no hizo uso de su libertad de expresión, sino otra cosa, algo que no tenemos duda en llamar delictivo. Fue parte de una verdadera asociación ilícita. Recordemos que en el edificio de Papel Prensa, el grupo Clarín tenía una oficina de inteligencia, que, además, tenía, por ejemplo, los gastos de tarjeta de crédito de los jueces. Un periodista de Clarín llama a un juez y le dice “nos llegó la información de que ud. tiene gastos que no puede justificar, sabemos que ud. es honesto así que no lo vamos a publicar”. No, eso no es periodismo.

Los “informes” de Lanata siguieron el guion de Magnetto, replicados en toda la cadena mediática. Su relación con el periodismo es la de un criminal con el arma asesina. A través de esos medios, Clarín sometió la política argentina. Manipuló la opinión pública en la línea de construir un enemigo interno, un sector político al que se estigmatiza a grado tal que se puede violar todos sus derechos. Cristina, Milagro Sala, César Milani, Boudou, de Vido, D’Elía, Nélida Rojas, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra, entre decenas de nombres que se puede mencionar, pueden ser calumniados, detenidos con prisiones preventivas, espiados ilegalmente en conversaciones con sus abogados, los jueces pueden realizar convenciones pagadas por Clarín para coordinar futuras acciones, puede ser denegado su derecho a defensa o condenados mediante prevaricato a la vista, todo estará permitido si es para encarcelar supuestos kirchneristas.

Este fue el patrón delictivo por el que Lanata se hizo millonario. Debía presentar como si fuera una investigación periodística acusaciones que serían el insumo que llevaría a la cárcel o ameritaría la extorsión a los enemigos señalados por el régimen.

“Régimen” es una caracterización de la ciencia política que excede una persona, abarca el funcionariado pero también sus apoyos económicos, mediáticos y sociales. En nuestro caso estuvo representado por Macri, su “mesa judicial”, su “GestaPRO”, su “cohete a la luna” y demás, pero no sólo por él. El régimen viene de antes y lo trasciende. El régimen está totalmente vigente. Lo estuvo también bajo el gobierno de Alberto Fernández. En 2013 Lanata viajaba a Seychelles diciendo que había cuentas de Cristina que, por supuesto, no había. Gobernaba Cristina pero Lanata-Magnetto era el régimen al que nos referimos, no Cristina.

Entre decenas de operaciones, las mentiras de Lanata incluyeron:

• Amado Boudou y los bolsos a Carmelo, Uruguay. Era falso, Boudou estaba en Argentina.
• Una historia de gente contando dinero que no se entendía muy bien de qué se trataba. Le llamaron “la Rosadita” y quisieron vincular a Cristina. Todo humo.
• Seychelles donde Cristina tendría cuentas. Era mentira, no había nada. Lanata hizo que Magnetto le pagara un viaje a las paradisíacas islas, pero no había nada relacionado con Cristina.
• Lanata dedicó programas y programas a una supuesta secretaria de Néstor Kirchner que sería testigo de movimiento de bolsos de dinero y que habría tenido un romance clandestino con el ex presidente. En la Justicia se mostró todo falso.
• Rompieron la casa de Cristina buscando bóvedas que no encontraron porque no existían.
• Acusó a Aníbal Fernández de ser “la morsa” y lo vinculó a un triple crimen justo cuando era candidato decisivo en las elecciones de 2015. Fernández no era “la morsa” y nunca mostraron ninguna relación con el crimen. Pero le hicieron perder las elecciones.
• Además de tratarlo reiteradamente de “boludo”, Lanata acusó a Axel Kicillof hasta de no pagar la patente del Clío. Kicillof demostró que mentía.
• Acusó a Nélida Rojas, la “Milagro Sala mendocina” de obligar a cooperativistas a ir a marchas y por preferencias en la asignación de viviendas. Esa acusación llevó a la cárcel a Nélida y su familia. Sus hijas Carla y Leonela embarazadas fueron sometidas a vejaciones. Todo era un invento. Las casas que construyó la Tupac Amaru costaban un tercio de las que construyeron empresas constructoras. Igual es abstracto porque los neoliberales no hacen viviendas sociales.
• Acusó a César Milani de genocida. Milani pasó más de dos años preso hasta que un juicio demostró la falsedad de los cargos. Encarcelado lo visitó Jorge Rendo, el número dos de Clarín para decirle: “ud. acusa a Cristina y sus problemas se acaban en 10 minutos, si no pasará un infierno”.
• Inventó una estigmatización infame contra “Polaquito”, un niño de 11 años, torturado por la policía de Kravetz para justificar la represión a comedores infantiles. Kravetz miraba la filmación de la puesta en escena detrás de cámara.

Este listado, y mucho más porque sólo apelamos a la fragmentaria memoria, está disponible para ser verificado en Youtube y otros sitios. La parte buena de la impunidad con que nos ataca Clarín es que dejan las huellas de sus delitos a la vista, ni siquiera deben esforzarse en borrarlas.

Murió Lanata. Murió impune un delincuente que ha hecho un daño irreparable al país, a la Justicia, a la democracia y a decenas de personas a las que arrebató años de su vida.